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 Asunto: ELENA SALGADO
NotaPublicado: Jue 07 Jun, 2007 12:08 pm 
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Edición del 15 de mayo de 2007
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Afinsa-Fórum
La nueva ley califica de mercantiles a las filatélicas
Por Redacción / Madrid
El Gobierno deja en manos de los bancos, las aseguradoras y los notarios el negocio

La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado.El Proyecto de Ley de Bienes Tangibles que el Consejo de Ministros envió el pasado 20 de abril a las Cortes obliga a las empresas de ese sector a inmovilizar los fondos que ingresen por la venta de dichos bienes, lo que, ‘de facto’, pone en entredicho la viabilidad del negocio.
La nueva norma deja esa actividad en manos de bancos, aseguradoras y notarios.La nueva norma que envió el Gobierno a las Cortes el pasado 20 de abril prevé que todos los contratos se escrituren ante notario y deben especificar, entre otras cláusulas, que la entidad comercializadora cuenta con un "seguro de caución, aval bancario o cualquier otra garantía prestada por bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito que asegure al consumidor el precio de adquisición inicial del bien objeto del contrato". Respecto a los costes por dicha escrituración, la norma prevé que el Gobierno apruebe "los aranceles de los derechos correspondientes a la intervención de los notarios en los términos previstos en la ley".

Los expertos consultados consideran que con los nuevos requisitos quienes salen más beneficiados son, además de los consumidores, que reciben toda clase de garantías, los bancos y las entidades de crédito, porque captan un nuevo negocio con los avales establecidos en el Proyecto de Ley y los notarios que ven como crecen sus competencias.

Con todo, la normativa que actualmente se tramita en las Cortes, sólo exige que se "asegure al consumidor el precio de adquisición inicial del bien", sin indicar si esa garantía se extiende, o se podría extender también a los "ofrecimientos de revalorización".

El Gobierno ha establecido en el Proyecto de Ley una serie de garantías económicas (básicamente avales bancarios) para las empresas de esa actividad a fin de garantizar los fondos que los particulares les entregan y que deberán permanecer inmovilizados durante la vigencia de los contratos. Según los expertos, esta medida, ‘de facto’, pone contra las cuerdas la actividad tal y como venían desarrollándola las empresas filatélicas en los últimos 25 años.

De hecho, según las citadas fuentes, la nueva normativa dificultará que los afectados por la crisis de Afinsa y Fórum Filatélico consigan colocar en el mercado sus sellos ya que éste no será capaz de absorberlos con las nuevas condiciones. Además, consideran que la nueva norma llega tarde en su intento por dotar de seguridad jurídica a un sector que está absolutamente paralizado tras la intervención de Afinsa y Fórum. Lo que además viene a ratificar esta nueva norma es que existe un mercado perfectamente legítimo y viable de bienes tangibles y que es perfectamente legal el realizar contratos con pacto de revalorización, algo que contrasta con las dudas expresadas por los responsables de la intervención.

Competencia de Consumo
Además, el Anteproyecto de Ley, que ha sido elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, confirma que la competencia sobre los bienes tangibles es responsabiliad de ese departamento, lo que contradice las primeras manifestaciones que realizó el Gobierno tras la intervención, cuando aseguró que era responsabilidad de las Autonomías.

Lo que también deja meridianamente claro el Proyecto de Ley es que la actividad de esas empresas es mercantil y no financiera, algo que contradice la base de la intervención en Afinsa y Fórum, cuyo negocio fue considerado como financiero por la inspectora fiscal María Teresa Yábar y, consecuentemente, por la fiscalía anticorrupción.

Al margen de estas exigencias, el Proyecto de Ley establece un nivel de información a los consumidores que intenta poner fin a lo que en el preámbulo de la norma se define como "situación de asimetría respecto a la información". En esa línea, previamente a la contratación se deberá informar sobre las "características esenciales de los bienes o servicios ofertados y si se hace entrega de ellos al usuario". Además, se debe indicar a los potenciales clientes de las "revalorizaciones que se ofrezcan y los datos objetivos en que se base la información sobre posibles revalorizaciones futuras y el precio completo, incluido impuestos, que cobre la empresa o profesional por sus servicios y la forma de pago".

Contradicciones de elena salgado
El pasado 18 de abril, la ministra de Sanidad y Consumo Elena Salgado, compareció en el Senado para reiterar que el Ejecutivo no iba a aprobar ninguna ayuda para los 450.000 afectados por el caso Afinsa-Fórum, “porque el 40% de los españoles que no llega a fin de mes no lo entendería”, y además no es responsabilidad de la Administración. El viernes, 20 de abril, comparecía en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta Fernández de la Vega, sin la ministra responsable a su lado, para anunciar la aprobación de un fondo de 500 millones de euros para los afectados. La lectura de esta sucesión de hechos es que, o bien Salgado ignoraba que el Gobierno iba a aprobar el plan, o lo sabía y se lo ocultó al Senado. Sea lo uno o lo otro, el resultado es el mismo: la ministra debe dimitir. Cabe la posibilidad de que el propio Gobierno la esté ninguneando porque no cuenta con ella. No es la única contradicción de la ministra, que ha presentado una nueva ley para el sector, cuando lo correcto hubiera sido desarrollar la Disposición Adicional 4ª de la Ley 35/2003.


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